Testigos expuestos: incomprensible decisión

La decisión del juez de garantía de la ciudad de Arica de levantar la reserva de las identidades de testigos protegido en una causa penal contra 44 imputados pertenecientes a la organización criminal internacional conocida como “Tren de Aragua” generó impacto en la opinión pública. La decisión fue revertida posteriormente por la Corte de Apelaciones de Arica, pero se alcanzó a entregar la identidad de los testigos a los abogados de los imputados.

El caso abre varias consideraciones. La primera y más obvia es la total falta de prudencia del juez de garantía, que expuso la integridad física de los testigos al riesgo de sufrir represalias por la banda criminal más peligrosa que ha operado en la historia de nuestro país.

La total falta de prudencia del juez de garantía de Arica invita a una reflexión sobre cómo hacerse cargo de formas de crimen más complejas y peligrosas.

Lo anterior remite a la dificultad de determinados miembros del Poder Judicial de distinguir entre los delitos comunes y los nuevos fenómenos de crimen organizado y terrorismo que hoy enfrenta el país. En efecto, siempre es difícil de alcanzar el balance, por un lado, entre la persecución del delito, la protección del orden público y de los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia; y, por otro, el respeto al debido proceso y las garantías básicas de los imputados. Sin embargo, a más de dos décadas de la implementación de la reforma procesal penal, se requiere una nueva reflexión sobre cómo incorporar a la ecuación el surgimiento de formas de crimen más complejas y peligrosas.

Una consideración distinta es el envío de los antecedentes a la Corte Suprema por parte del Ministerio de Justicia, acusando el incumplimiento de “deberes funcionarios” del juez de garantía de Arica. La Asociación de Magistrados criticó la gestión del Gobierno, por constituir una presión indebida desde otro poder del Estado, existiendo recursos procesales pendientes. En cambio, sí parece razonable que la Fiscalía investigue si se han cometido delitos relacionados con la entrega de información confidencial, como se anunció desde el Ministerio Público.

Como fuere, es importante que todos los órganos a cargo de la persecución penal tomen conciencia de la gravedad del fenómeno del crimen organizado, lo cual incluye, por supuesto, al propio Poder Judicial, sin que por ello los jueces deban renunciar a su deber de imparcialidad ni al respeto del debido proceso.